La Ley 4/2014, que actualmente rige a las Cámaras de Comercio, continúa la tradición legislativa continental, al definirlas como Corporaciones de Derecho Público y reconoce la importancia de su labor como instituciones intermedias en la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria y la navegación, y en la consolidación del tejido económico del país. Bajo la tutela de las Administraciones Públicas, el Consejo Superior y las Cámaras desarrollan las funciones que les son encomendadas por Ley.
El Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, modifica la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, en el sentido de eliminar para las empresas la obligatoriedad de pertenecer a las mismas.
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